En los últimos años, la cultura ha empezado a recibir calificativos que antes parecían reservados a la salud, la educación o la alimentación: bien esencial, básico, de primera necesidad y bien público mundial. Estos conceptos, recogidos en leyes, declaraciones internacionales y marcos constitucionales, no son meras etiquetas. Representan un cambio profundo en la manera en que entendemos el papel de la cultura en la vida social y democrática.
Este informe, coordinado por la Fundación Gabeiras, plantea que no basta con proclamar la importancia de la cultura: hay que dotarla de garantías jurídicas, presupuestarias e institucionales que aseguren su acceso y disfrute real por parte de toda la ciudadanía.
Cultura: un derecho en construcción
La cultura no es un lujo ni un adorno: es un derecho fundamental. El informe recuerda que la Constitución española ya reconoce la libertad de creación artística (art. 20), el derecho al acceso a la cultura (art. 44) y la obligación de conservar y enriquecer el patrimonio cultural (art. 46).
Sin embargo, estos derechos necesitan ser concretados y protegidos. De lo contrario, corren el riesgo de quedarse en “derechos de papel”. De ahí la propuesta: considerar la cultura como un bien público mundial que actúe como una garantía objetiva de los derechos culturales.
Bien básico, esencial y de primera necesidad: ¿qué significa?
El lenguaje jurídico y económico ha ido aplicando estas categorías a la cultura:
- Bien de primera necesidad: lo que resulta imprescindible para la vida cultural mínima de una sociedad (como el libro y la lectura, reconocidos en la legislación española).
- Bien básico: aquello que sirve de base y soporte para la actividad cultural, las instituciones y la vida en común.
- Bien esencial: los bienes culturales vinculados a valores superiores como la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales.
- Nombrar así a la cultura no es un ejercicio retórico: es reconocer que, sin ella, la cohesión social, la democracia y la identidad colectiva se resquebrajan.
Cultura como bien público mundial
En 2022, la UNESCO proclamó la cultura como bien público mundial. El informe insiste en que esta categoría debe entenderse no como un eslogan, sino como un mandato:
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Equiparar la cultura a otros bienes públicos globales como la paz, la biodiversidad o la estabilidad climática.
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Reconocer que su provisión no puede quedar solo en manos del mercado, sino que requiere acción coordinada de Estados, instituciones internacionales y comunidades.
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Incorporar la diversidad cultural, la libertad artística, la protección de minorías y pueblos originarios como contenidos centrales de este bien público.
Retos emergentes: cultura digital e inteligencia artificial
Un aspecto innovador del informe es la mirada hacia los bienes culturales digitales y la IA. Algoritmos, contenidos generados por inteligencia artificial y bases de datos culturales están configurando un nuevo tipo de bienes que no encajan del todo en lo público ni en lo privado. El riesgo es evidente: que se privaticen conocimientos y creaciones construidas colectivamente por la humanidad.
Por eso, el informe propone aplicar el marco de la cultura como bien público mundial a estos retos, garantizando acceso no discriminatorio y protegiendo el conocimiento común frente a la concentración en manos de unos pocos.
Propuestas para avanzar
El documento concluye con una batería de recomendaciones:
- Crear un grupo de trabajo estatal que defina jurídicamente los conceptos de bien básico, esencial y de primera necesidad.
- Impulsar un Foro internacional de expertos en el marco de la UNESCO para concretar qué implica la cultura como bien público mundial.
- Elaborar un Libro Blanco para una Ley del Sistema Público de Cultura en España, que consolide un marco estable y garantista.
- Incorporar estos debates a Mundiacult 2025 en Barcelona, reforzando el papel de España como referente en políticas culturales innovadoras.
De las palabras a los hechos
El informe lo dice con claridad: no basta con acumular declaraciones bienintencionadas. Si queremos que la cultura ocupe el lugar que merece en la vida democrática, debemos traducir esos conceptos en políticas públicas, legislación y financiación estable.
Nombrar a la cultura como bien esencial, básico, de primera necesidad y bien público mundial es, sobre todo, una llamada a la acción: a protegerla como el gran capital simbólico de la humanidad y como un derecho que sostiene nuestra vida en común.